La reforma de la Ley general de Comunicación Audiovisual que flexibiliza la gestión de las televisiones públicas autonómicas y permite la privatización de estos canales quedó este martes lista para la publicación en el BOE y su entrada en vigor, tras superar su último escollo parlamentario con la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados del proyecto enmendado por el Senado.
El Congreso refrendó la única enmienda introducida en la Cámara Alta, una transaccional pactada por todos los grupos para reforzar las garantías de restricción a la emisión en televisión de pornografía, violencia y escenas de maltrato. El proyecto, tramitado por vía de urgencia, fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril y ya ha recibido la aprobación definitiva.
En virtud de esta nueva norma, los gobiernos autonómicos con canales públicos podrán decidir si continúan o no con la gestión de estos, y si quieren optar por acuerdos con terceros para la producción, edición o emisión conjunta de contenidos. La ley también establece que, a partir de ahora, los canales autonómicos públicos tendrán fijado un techo de gasto que no podrán rebasar. Los Ejecutivos regionales de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha ya han expresado su intención de permitir la entrada de capital privado en sus operadores. Según aseguró en el inicio de la tramitación de la ley el ministro de Industria, José Manuel Soria, la ley busca «ampliar la posibilidad de las comunidades para decidir libremente» sobre la gestión de unos canales que han acumulado una importante deuda en los últimos años.
El Congreso aprueba de forma definitiva la reforma de la Ley de Comunicación Audiovisual e introduce la enmienda del Senado. En cambio, la oposición ha coincidido en que la norma quiebra el actual modelo público de televisión y supone una «invasión» en las competencias autonómicas. «Fondos extra» Con motivo de la tramitación parlamentaria de la ley, el PP ha recabado las previsiones presupuestarias de doce televisiones regionales —no está incluida la extremeña— y ha obtenido una estimación de gasto de 858 millones de euros.
Los datos que maneja el PP reflejan que las televisiones públicas autonómicas tenían empleadas en 2010 a un total de 7.260 personas, con un coste en personal de 410 millones de euros, el 48 por ciento del total de gastos de ese ejercicio. La catalana TV3 es la que tenía en 2010 una plantilla más voluminosa (1.959 trabajadores), seguida de Canal 9 (1.291), Canal Sur (1.016) y Telemadrid (990). La autonómica más cara es la vasca (ETB), con 50,8 euros por habitante y año. En el medio de la tabla se encuentran TV3 (35,9) y la gallega (TVG) con 31 euros. Telemadrid es la más barata, con 14,42 euros. (SERV
Fuente:ABC