La crisis, la rebaja de salarios y los ajustes de plantillas por
doquier han afilado la sensibilidad de los ciudadanos ante gastos que
muchos consideran prescindibles o, mejor dicho, achacables a bolsillos
que no sean públicos. Es el caso de los presupuestos que diferentes
Administraciones del Estado dedican a financiar la cura de almas y las
misiones de la Iglesia católica en cuarteles, cárceles, hospitales,
cementerios o capillas universitarias. En lo que va de año, proliferan
las noticias sobre el tema. He aquí un muestrario, tomado en medios de
provincias: “Sacyl destina 650.000 euros a pagar a los 43 capellanes de
sus hospitales”. “Valencia costea un capellán católico en el cementerio
con sueldo de funcionario”. “El Sergas gasta 531.384 euros en pagar a 41 capellanes”.
“Interior tiene en nómina a 158 clérigos como capellanes
penitenciarios”. “Los capellanes de los hospitales de Cádiz llevan dos
meses sin cobrar”.
Sacyl es el acrónimo de Sanidad de Castilla y León, el organismo que gestiona las prestaciones sanitarias en esa comunidad. Sergas alude al Servicio Gallego de Salud. Un lector envió este comentario a una de esas noticias: “Recortes en Ciencia: 600 millones. Recortes en Religión: cero euros. Cuando tengas un cáncer, a rezar. No faltará un capellán que acuda a darte la extremaunción”. Según cálculos que Europa Laica publica esta próxima semana, el costo en capellanes para el Estado ronda los 50 millones de euros anuales. La Fundación 1º de Mayo, del sindicato Comisiones Obreras, rebaja esa cifra a 30 millones, en un estudio que publicó hace tres años con el título Financiación de la Iglesia católica y gasto público.
Que dos informes difieran tanto en sus cálculos se debe a la opacidad con que ocurre todo. Como explicó una portavoz del Ministerio de Sanidad, cuando EL PAÍS preguntó por cifras concretas, es imposible saber cuántos capellanes hay en nómina en los hospitales porque son competencia transferida a las comunidades autónomas, que se comportan “cada una a su manera”. “En muchos hospitales, ni siquiera hay ya capellanes”, añadió.
Tampoco fue fácil averiguar cuántos clérigos prestan servicio en las
77 prisiones que hay en España (66, de la Administración central; 11 de
la Generalitat de Cataluña), además de en los centros de inserción
social, de internamiento de emigrantes o en las llamadas Unidades de
Madres. En cambio, la información sobre vicarías y capellanías
castrenses fue precisa y por escrito, desde la Oficina de Información
del Ministerio de Defensa:
un vicario general, con rango de general, nombrado a propuesta del Rey
(ahora, el arzobispo Julián del Río); cinco vicarios episcopales
(incluido el vicario general); tres vicarías en el Ejército de Tierra;
tres en la Armada y uno en el Ejército del Aire, y 84 capellanes en un
llamado Cuerpo Eclesiástico y Servicio de Asistencia Religiosa.
La última regulación de este servicio religioso la hizo el Gobierno en 2011, con Carme Chacón como ministra de Defensa a punto de dejar el cargo. En resumen, la cura de almas entre los militares queda en mano de clérigos de plantilla que acceden al empleo mediante convocatoria de la Subsecretaría de Defensa, a propuesta del arzobispo castrense, que decide la relación del personal idóneo. Lo mismo ocurre en la contratación de los profesores de catolicismo: contrata y paga el Ministerio de Educación, pero eligen o despiden los obispos.
Estos capellanes castrenses tienen la consideración de oficial, con sus correspondientes salarios. Los permanentes con más de 25 años de servicios tienen el empleo de coronel; con más de 15 años, de teniente coronel, y el resto, el empleo de comandante. Los capellanes con relación de carácter temporal son capitanes.
También reformó la ministra Chacón el distintivo del uniforme que
visten estos clérigos castrenses, a modo de las tradicionales estrellas,
en el argot soldadesco. Ahora son círculos o ruedas: una, dos o tres
ruedas para comandantes, tenientes coroneles o coroneles, y un círculo
con seis radios para asimilados a capitanes.
Respecto a los capellanes de hospitales (algunos de los cuales participan incluso en los respectivos comités de ética), no hay cifras (quizás unos 400), pero sí una práctica casi general para contratarlos: en hospitales de menos de 100 camas, hay un capellán a tiempo parcial; de 100 a 250 camas, un capellán a tiempo pleno y otro a tiempo parcial; de 250 a 500 camas, dos a jornada completa y uno a tiempo parcial; de 500 a 800 camas, tres a tiempo pleno, y en hospitales con más de 800 camas, de tres a cinco capellanes a plena dedicación. En el convenio firmado entre el Gobierno de Castilla y León y el episcopado, el salario pactado para estos capellanes con dedicación completa asciende a 18.000 euros anuales en 14 pagas, con revisión anual de acuerdo al IPC.
Sostiene Francisco Delgado, presidente de Europa Laica: “Nadie se opone a que se preste asistencia religiosa, espiritual o de otro tipo, pero no parece que tenga que ser a costa del erario público. No es tarea del Estado, es de cada confesión. El Estado se debe limitar a facilitarla, no a costearla. Pensemos en los recortes en sanidad y en otros muchos servicios públicos y valoremos la hipocresía de quienes mantienen el privilegio mientras recortan en médicos y enfermeras, y la hipocresía de quienes se lucran por realizar una tarea que solo a ellos compete”.
Todo lo anterior se refiere a la religión católica, mayoritaria pero no única en España. ¿Tienen las otras confesiones capellanes pagados por el Estado? Ni uno. En los cuarteles, no hay articulada formula alguna que facilite la presencia de pastores, imanes o rabinos para ofrecer un servicio de asistencia religiosa (ARE) a sus correligionarios (pocos, la verdad sea dicha), pero tampoco hay facilidades en prisiones, hospitales o cementerios, donde abundan protestantes, musulmanes o judíos, por citar las religiones de más arraigo en España, aparte la romana.
Hasta ahora, el ARE en hospitales solo está formalmente constituido en Madrid, mediante un convenio de marzo de 2011. Se presta en 24 hospitales, a cargo de 20 ministros de culto y 110 personas que les ayudan. También existe servicio ARE en centros de internamiento de extranjeros (CIE), muy incipiente (solo se realiza en el centro de Aluche (Madrid), mediante dos ministros de culto acreditados.
Todos esos servicios ARE, las confesiones minoritarias los prestan de forma totalmente gratuita, salvo en Cataluña, que tiene las competencias transferidas en materia de prisiones y facilita el ejercicio de 100 agentes pastorales protestantes y otros 200 voluntarios en un servicio que tiene dos vertientes: espiritual y social. A cambio, el centro evangélico catalán (CEC) recibe una modesta subvención de la Generalitat, de algo más de 3.000 euros.
La queja de Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Iglesias Evangélicas (protestantes), está cargada de razón, además, porque con frecuencia surgen conflictos allí donde existen capillas o centros interconfesionales. “Estamos de prestado, o lo parece”. Un ejemplo es la capilla del crematorio del cementerio de la Almudena, en Madrid. Es multiconfesional, pero un sacerdote católico se la ha adjudicado llenándola de imaginería de su religión. El conflicto se ha resuelto enviando a los familiares de los difuntos de otras religiones a un local anexo, “pequeño y poco digno”.
Mariano Blázquez pone sobre la mesa otro ejemplo, aún más doloroso. Se trata de la denuncia formal, ante las autoridades de Castilla-La Mancha, de la familia de Santiago Maestre, fallecido el 6 de febrero pasado. Se acordó con los responsables del tanatorio de Toledo una sala concreta de la capilla para celebrar el funeral al día siguiente, y unas horas antes de la ceremonia, la familia fue informada por el tanatorio de que no podían utilizar “la sala pactada porque el sacerdote católico Juan Domingo y la entidad que él representa habían prohibido que se celebrara el funeral en la forma y de acuerdo a la religión que profesaba el difunto, que es la evangélica”.
La familia “quedó convulsionada ante la gravedad de la noticia”, relata Mariano Blázquez. Añade: “Se ha vulnerado estrepitosamente los derechos de toda una familia por profesar una fe distinta a la católico-romana. Lo sucedido en Toledo atenta contra nuestros derechos constitucionales y la dignidad de los difuntos a respetar sus últimas voluntades. Creemos que un comportamiento como este es indignante, y nos lleva a un retroceso al pasado, donde reinaba la intolerancia”.
El Pais.com
Sacyl es el acrónimo de Sanidad de Castilla y León, el organismo que gestiona las prestaciones sanitarias en esa comunidad. Sergas alude al Servicio Gallego de Salud. Un lector envió este comentario a una de esas noticias: “Recortes en Ciencia: 600 millones. Recortes en Religión: cero euros. Cuando tengas un cáncer, a rezar. No faltará un capellán que acuda a darte la extremaunción”. Según cálculos que Europa Laica publica esta próxima semana, el costo en capellanes para el Estado ronda los 50 millones de euros anuales. La Fundación 1º de Mayo, del sindicato Comisiones Obreras, rebaja esa cifra a 30 millones, en un estudio que publicó hace tres años con el título Financiación de la Iglesia católica y gasto público.
Que dos informes difieran tanto en sus cálculos se debe a la opacidad con que ocurre todo. Como explicó una portavoz del Ministerio de Sanidad, cuando EL PAÍS preguntó por cifras concretas, es imposible saber cuántos capellanes hay en nómina en los hospitales porque son competencia transferida a las comunidades autónomas, que se comportan “cada una a su manera”. “En muchos hospitales, ni siquiera hay ya capellanes”, añadió.
La ‘cura de almas’ pagada excluye a las otras religiones, que prestan el mismo servicio de forma gratuita
La última regulación de este servicio religioso la hizo el Gobierno en 2011, con Carme Chacón como ministra de Defensa a punto de dejar el cargo. En resumen, la cura de almas entre los militares queda en mano de clérigos de plantilla que acceden al empleo mediante convocatoria de la Subsecretaría de Defensa, a propuesta del arzobispo castrense, que decide la relación del personal idóneo. Lo mismo ocurre en la contratación de los profesores de catolicismo: contrata y paga el Ministerio de Educación, pero eligen o despiden los obispos.
Estos capellanes castrenses tienen la consideración de oficial, con sus correspondientes salarios. Los permanentes con más de 25 años de servicios tienen el empleo de coronel; con más de 15 años, de teniente coronel, y el resto, el empleo de comandante. Los capellanes con relación de carácter temporal son capitanes.
Defensa tiene contratados a 96 clérigos castrenses con grados de general, coronel, comandante o capitán
Respecto a los capellanes de hospitales (algunos de los cuales participan incluso en los respectivos comités de ética), no hay cifras (quizás unos 400), pero sí una práctica casi general para contratarlos: en hospitales de menos de 100 camas, hay un capellán a tiempo parcial; de 100 a 250 camas, un capellán a tiempo pleno y otro a tiempo parcial; de 250 a 500 camas, dos a jornada completa y uno a tiempo parcial; de 500 a 800 camas, tres a tiempo pleno, y en hospitales con más de 800 camas, de tres a cinco capellanes a plena dedicación. En el convenio firmado entre el Gobierno de Castilla y León y el episcopado, el salario pactado para estos capellanes con dedicación completa asciende a 18.000 euros anuales en 14 pagas, con revisión anual de acuerdo al IPC.
Sostiene Francisco Delgado, presidente de Europa Laica: “Nadie se opone a que se preste asistencia religiosa, espiritual o de otro tipo, pero no parece que tenga que ser a costa del erario público. No es tarea del Estado, es de cada confesión. El Estado se debe limitar a facilitarla, no a costearla. Pensemos en los recortes en sanidad y en otros muchos servicios públicos y valoremos la hipocresía de quienes mantienen el privilegio mientras recortan en médicos y enfermeras, y la hipocresía de quienes se lucran por realizar una tarea que solo a ellos compete”.
Todo lo anterior se refiere a la religión católica, mayoritaria pero no única en España. ¿Tienen las otras confesiones capellanes pagados por el Estado? Ni uno. En los cuarteles, no hay articulada formula alguna que facilite la presencia de pastores, imanes o rabinos para ofrecer un servicio de asistencia religiosa (ARE) a sus correligionarios (pocos, la verdad sea dicha), pero tampoco hay facilidades en prisiones, hospitales o cementerios, donde abundan protestantes, musulmanes o judíos, por citar las religiones de más arraigo en España, aparte la romana.
Hasta ahora, el ARE en hospitales solo está formalmente constituido en Madrid, mediante un convenio de marzo de 2011. Se presta en 24 hospitales, a cargo de 20 ministros de culto y 110 personas que les ayudan. También existe servicio ARE en centros de internamiento de extranjeros (CIE), muy incipiente (solo se realiza en el centro de Aluche (Madrid), mediante dos ministros de culto acreditados.
Todos esos servicios ARE, las confesiones minoritarias los prestan de forma totalmente gratuita, salvo en Cataluña, que tiene las competencias transferidas en materia de prisiones y facilita el ejercicio de 100 agentes pastorales protestantes y otros 200 voluntarios en un servicio que tiene dos vertientes: espiritual y social. A cambio, el centro evangélico catalán (CEC) recibe una modesta subvención de la Generalitat, de algo más de 3.000 euros.
La queja de Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Iglesias Evangélicas (protestantes), está cargada de razón, además, porque con frecuencia surgen conflictos allí donde existen capillas o centros interconfesionales. “Estamos de prestado, o lo parece”. Un ejemplo es la capilla del crematorio del cementerio de la Almudena, en Madrid. Es multiconfesional, pero un sacerdote católico se la ha adjudicado llenándola de imaginería de su religión. El conflicto se ha resuelto enviando a los familiares de los difuntos de otras religiones a un local anexo, “pequeño y poco digno”.
Mariano Blázquez pone sobre la mesa otro ejemplo, aún más doloroso. Se trata de la denuncia formal, ante las autoridades de Castilla-La Mancha, de la familia de Santiago Maestre, fallecido el 6 de febrero pasado. Se acordó con los responsables del tanatorio de Toledo una sala concreta de la capilla para celebrar el funeral al día siguiente, y unas horas antes de la ceremonia, la familia fue informada por el tanatorio de que no podían utilizar “la sala pactada porque el sacerdote católico Juan Domingo y la entidad que él representa habían prohibido que se celebrara el funeral en la forma y de acuerdo a la religión que profesaba el difunto, que es la evangélica”.
La familia “quedó convulsionada ante la gravedad de la noticia”, relata Mariano Blázquez. Añade: “Se ha vulnerado estrepitosamente los derechos de toda una familia por profesar una fe distinta a la católico-romana. Lo sucedido en Toledo atenta contra nuestros derechos constitucionales y la dignidad de los difuntos a respetar sus últimas voluntades. Creemos que un comportamiento como este es indignante, y nos lleva a un retroceso al pasado, donde reinaba la intolerancia”.
El Pais.com