Hace casi cinco meses entró en vigor la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Existían expectativas porque se suponía que se iba a regular la contaminación electromagnética y su impacto en la salud humana pero el asunto está muy parado; ese tipo de polución crece y los límites de emisión se han quedado caducos.
El Gobierno aún no ha propuesto un nuevo desarrollo normativo que regule la aplicación práctica de esta Ley. Tampoco ha determinado los niveles de emisión radioeléctrica tolerable y que no supongan un peligro para la salud pública, tal y como se ordena en el artículo 61 de dicha ley.



